México adoptó un Protocolo Homologado Especializado para investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fiscalías y garantizar un mejor acceso a la justicia para quienes realizan esta labor.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la aprobación del instrumento durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), al considerar que representa un avance en la atención de recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano.
El protocolo establece que las autoridades deberán aplicarlo cuando existan indicios de que una víctima realiza actividades de defensa de los derechos humanos. Asimismo, deberán analizar de manera prioritaria y agotar las líneas de investigación relacionadas con esa labor.
Con ello, se busca evitar que desde las primeras etapas de una investigación se descarte o pierda de vista la posibilidad de que un delito esté relacionado con las actividades de defensa realizadas por la víctima.
Un protocolo construido desde 2022
La elaboración del instrumento comenzó a finales de 2022, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la ONU-DH acordaron trabajar de manera conjunta en una herramienta especializada.
En marzo de 2023, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó el acuerdo para desarrollar el protocolo. Desde entonces, su contenido fue enriquecido con aportaciones de fiscalías estatales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Entre sus disposiciones, el protocolo incorpora una definición de persona defensora de derechos humanos acorde con los estándares internacionales y reconoce la participación de las víctimas, sus familiares y su familia social en las investigaciones.
También establece el principio de no criminalización de la labor de defensa y contempla la creación de un registro obligatorio de denuncias relacionadas con delitos cometidos contra personas defensoras.
184 defensores asesinados en una década
La adopción del protocolo ocurre en un contexto marcado por las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en México.
De acuerdo con la ONU-DH, entre 2016 y 2025 fueron privadas de la vida 184 personas defensoras de derechos humanos, mientras que otras 43 fueron desaparecidas en posible relación con su labor.
La violencia también ha alcanzado a familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, cuyos integrantes han enfrentado amenazas y agresiones debido a las actividades que realizan. La ONU-DH ha señalado previamente la necesidad de fortalecer las investigaciones y las medidas de protección dirigidas a estos grupos.
Durante su visita oficial a México en abril de 2026, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su confianza en que el protocolo fuera adoptado e implementado a la brevedad.
Tras su aprobación, Türk llamó a las autoridades mexicanas a ponerlo en marcha de manera decidida.
“Celebro la adopción de este importante Protocolo”, señaló el Alto Comisionado, quien consideró que su aplicación puede contribuir a fortalecer la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en México.
La ONU-DH pidió a la FGR y a las fiscalías estatales difundir ampliamente el instrumento, capacitar al personal encargado de aplicarlo y establecer mecanismos para evaluar periódicamente sus resultados.
El organismo internacional reiteró además su disposición para brindar asistencia técnica a las autoridades mexicanas durante la implementación del protocolo, así como para contribuir al fortalecimiento de sus capacidades de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.