El pasado 30 de julio, organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes informaron sobre la muerte en Estados Unidos de Priciliano Trejo, un mexicano de 29 años que permaneció varias semanas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Con su fallecimiento, suman al menos 19 mexicanos que han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia de esta agencia, una situación que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y organismos internacionales.
Ante estos hechos, las autoridades mexicanas han expresado su intención de defender los derechos de los connacionales en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha presentado denuncias ante tribunales estadounidenses relacionadas con actuaciones de ICE y ha reiterado, en distintos espacios oficiales, que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes constituye una prioridad para la actual administración.
Los casos de personas migrantes que han muerto durante intervenciones de fuerzas de seguridad estadounidenses también han provocado llamados de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado que las investigaciones se desarrollen de manera rápida, independiente, imparcial y efectiva, con respeto al debido proceso y con la determinación de las responsabilidades correspondientes.
La CIDH también ha insistido en que las corporaciones de seguridad deben actuar bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad al momento de utilizar la fuerza. Esta exigencia cobra especial relevancia ante el panorama migratorio que se vive en distintas regiones del mundo, donde miles de personas enfrentan condiciones de vulnerabilidad, violencia y falta de mecanismos seguros para desplazarse.
En este contexto, la exigencia del Gobierno mexicano para que se respeten los derechos de los migrantes en Estados Unidos debe acompañarse de acciones similares dentro del territorio nacional. En México también existen señalamientos y denuncias sobre agresiones físicas y verbales, así como presuntos abusos de autoridad cometidos por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y corporaciones de seguridad que participan en labores migratorias.
Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando un grupo de personas migrantes venezolanas y cubanas deportadas desde Estados Unidos protagonizó un amotinamiento en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. De acuerdo con los reportes, las personas denunciaban agresiones y restricciones para abandonar las instalaciones o gestionar un retorno seguro a sus países.
A ello se suma una queja presentada en mayo por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que se investigaran diversos operativos realizados por agentes del INM en la Ciudad de México. Entre los afectados se encontraban personas de distintas nacionalidades que trabajaban como repartidores de plataformas digitales y que habrían sido trasladadas contra su voluntad a otras entidades.
Organizaciones como Data Cívica también han documentado una mayor incidencia de hechos violentos relacionados con las Fuerzas Armadas frente a autoridades civiles durante detenciones. Estos datos alimentan la preocupación de que una mayor participación militar en tareas migratorias pueda incrementar los riesgos de violaciones a los derechos humanos, en lugar de garantizar condiciones de seguridad para las personas en movilidad.
A este panorama se agregan los casos de desaparición de migrantes registrados en territorio mexicano, entre ellos tres eventos de desaparición masiva ocurridos en Chiapas que, en conjunto, involucraron a al menos 83 personas.
Frente a las muertes de mexicanos bajo custodia en Estados Unidos y a las políticas migratorias restrictivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, vuelve a cobrar fuerza la discusión sobre la necesidad de una reforma migratoria integral, capaz de combinar mecanismos de seguridad fronteriza con garantías efectivas para proteger la vida y la integridad de quienes se encuentran en movilidad.
Esto implica que México no solo debe exigir investigaciones, rendición de cuentas y controles sobre el uso de la fuerza por parte de ICE, sino también revisar sus propias políticas y procedimientos migratorios. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que las autoridades que participan en estas tareas actúen bajo controles efectivos y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Garantizar el derecho a migrar y proteger la integridad de quienes atraviesan el territorio nacional no puede depender del lado de la frontera en el que se encuentre una persona. La protección de los derechos humanos de quienes se encuentran en movilidad debe ser una obligación compartida y sin fronteras.