Autoridades de Estados Unidos cancelaron las visas de la Alcaldesa de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, así como las de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
La decisión se conoce mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas distintas líneas de investigación relacionadas con presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de contrabando de hidrocarburos y supuestos vínculos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información publicada este 1 de septiembre por El Financiero.
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha informado públicamente las causas que motivaron la cancelación de las visas. La legislación y las políticas migratorias de ese País permiten que este tipo de decisiones se adopten sin revelar los motivos específicos.
Tampoco se ha establecido públicamente que la medida migratoria tenga una relación directa con las investigaciones que se llevan a cabo en México.
Indagan posible uso de recursos municipales
Una de las líneas de investigación de la FGR está relacionada con el manejo de recursos y estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez, uno de los municipios con mayor actividad económica y turística de Quintana Roo.
Las autoridades ministeriales buscan determinar si recursos públicos, trabajadores o infraestructura municipal pudieron haber sido utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, ex titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y uno de los nombres que han aparecido en el contexto de la sucesión por la Gubernatura de Quintana Roo en 2027.
La investigación pretende establecer, entre otros aspectos, el origen y destino de los recursos bajo revisión, quién habría ordenado su utilización, de qué manera fueron canalizados y qué funcionarios pudieron haber intervenido.
Investigación por presunto contrabando de combustibles
Otra de las vertientes está relacionada con el llamado huachicol fiscal, debido a la aparición del nombre de Marín Mollinedo en las indagatorias.
Durante el periodo en que encabezó la ANAM, la dependencia tenía entre sus atribuciones la vigilancia de operaciones vinculadas con el comercio exterior. En este contexto, la FGR solicitó información sobre posibles operaciones de ingreso irregular de combustibles correspondientes al periodo bajo investigación.
Entre los expedientes judicializados se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, relacionada con investigaciones por presunto huachicol fiscal.
La existencia de esta causa penal, sin embargo, no significa por sí misma que Rafael Marín Mollinedo tenga la calidad de imputado dentro de ese expediente.
Las indagatorias también contemplan operaciones presuntamente relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., en una investigación sobre el ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques.
De acuerdo con información incorporada a las pesquisas, antes de ser detectada, la operación habría permitido el ingreso de 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos.
Marín Mollinedo ha rechazado públicamente los señalamientos de corrupción y ha sostenido que durante su gestión al frente de la ANAM fue la propia institución la que detectó irregularidades y presentó las denuncias correspondientes.
Revisan posibles contactos con el crimen organizado
La tercera vertiente de las investigaciones está relacionada con presuntos contactos entre personas vinculadas con el entorno de la Alcaldesa y miembros o personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Según la información publicada por El Financiero, las autoridades buscan determinar quiénes habrían participado en esos contactos, cuál habría sido su naturaleza y alcance y si existe alguna relación entre esta línea de investigación, las operaciones de presunto contrabando de combustibles y el posible uso irregular de recursos públicos.
Corresponderá a la FGR determinar si existen elementos con relevancia penal y, en su caso, si son suficientes para llevar alguna de estas investigaciones ante un juez.
Hasta el momento, las indagatorias permanecen en curso y no representan por sí mismas una determinación de responsabilidad penal para Ana Patricia Peralta, sus familiares o las demás personas mencionadas.
Investigación impacta escenario político de 2027
El caso surge en un momento particularmente relevante para Quintana Roo, donde comienzan a intensificarse los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2027, cuando estará en juego la Gubernatura.
Tanto Peralta de la Peña como Marín Mollinedo han tenido presencia dentro del escenario político estatal, por lo que la investigación sobre un eventual uso de recursos municipales para favorecer un proyecto político podría convertirse en un factor de peso dentro de la disputa por la sucesión.
La cancelación de las visas en Estados Unidos añade presión a un escenario político ya marcado por las investigaciones federales, aunque hasta ahora no existe una explicación oficial que vincule directamente la decisión migratoria estadounidense con las pesquisas que desarrolla la Fiscalía en México.