Un grupo de ciudadanos, acompañado por la diputada priista Paola Garate Valenzuela, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante la protesta, los participantes colocaron una lona en las inmediaciones del recinto legislativo para hacer pública su petición y exigir que se investiguen diversos señalamientos relacionados con la administración estatal.
Karla Montero, exdiputada local y activista, explicó que buscan que el Congreso analice presuntas irregularidades, entre ellas acusaciones relacionadas con el proceso electoral de 2021, como el supuesto robo de urnas y la presunta obtención ilegal de la gubernatura.
También solicitó que se investiguen señalamientos sobre posibles vínculos con el narcotráfico y que, en caso de encontrarse responsabilidades, las autoridades actúen conforme a la ley.
“Que citen a una reunión extraordinaria para que voten si están a favor del juicio político o si están en contra. Vamos a ver quién está de parte del Gobernador acusado de narcoterrorismo y quién está de parte de la ciudadanía”, manifestó.
La diputada Paola Garate Valenzuela acudió al acto y expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por ciudadanos. Señaló que el juicio político permitiría abrir una investigación formal y determinar si existen responsabilidades que deban ser sancionadas.
“Si es real que hay que pensar en Sinaloa, pues hay que hacer las cosas de fondo: el juicio político, y luego la detención que ya lo ha pedido Estados Unidos, la detención de 10 funcionarios que dos ya llegaron por su propio pie, faltan los otros ocho, y que a lo mejor hay más, porque aunque no salgan en esa lista tienen que generarse investigaciones”, declaró.
Como parte de la jornada, los ciudadanos instalaron una lona alusiva a la solicitud y recabaron firmas para manifestar el respaldo a la propuesta.
¿Qué implica un juicio político?
El juicio político es un procedimiento previsto en la legislación para determinar si un servidor público incurrió en actos u omisiones considerados graves durante el ejercicio de sus funciones.
Este mecanismo no equivale a una sentencia penal ni determina por sí mismo que el funcionario sea culpable. Se trata de un proceso mediante el cual se analizan posibles responsabilidades y, si estas se acreditan, pueden imponerse sanciones conforme al marco legal aplicable.
Dependiendo de la legislación y de la resolución correspondiente, las consecuencias pueden incluir la destitución o la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.