El tiempo comienza a jugar en contra de la gobernadora Graciela Domínguez Nava. Frente a la prolongada crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa, el reto inmediato de su administración es construir una verdadera alianza con la sociedad que permita recuperar condiciones de paz y seguridad, más allá de los discursos oficiales sobre reducción de delitos y avances en materia de pacificación que no corresponden con la percepción cotidiana de los ciudadanos.
Con la entidad acercándose a los dos años de confrontación entre grupos delictivos, el desafío exige modificar de manera profunda la narrativa gubernamental y reconocer la dimensión de una crisis que ha dejado a miles de familias afectadas, comunidades atemorizadas y una sociedad cada vez más desgastada.
A Domínguez Nava le quedan alrededor de 60 semanas del actual periodo constitucional, en caso de que sea ella quien concluya el sexenio. Ese tiempo resulta insuficiente para resolver una problemática que requerirá décadas de reconstrucción, pero sí puede ser determinante para establecer las bases de un proyecto de largo plazo que involucre a ciudadanos, empresarios, organizaciones civiles, instituciones educativas y autoridades.
La primera señal deberá ser la puesta en marcha, con resultados verificables, del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad elaborado con participación social. Para ello será indispensable que el Gobierno estatal consiga el respaldo efectivo de la Federación y que la estrategia deje atrás cualquier intento de enfrentar la crisis únicamente desde las estructuras gubernamentales.
Sinaloa necesita una mesa amplia de acuerdos en la que participen los sectores que pueden contribuir a recuperar la seguridad, la confianza y la convivencia. La prioridad debe ser clara: contener a los grupos criminales, proteger a la población y reconstruir las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollar su vida cotidiana sin miedo.
Ese esfuerzo requiere dejar de lado intereses políticos, partidistas o particulares. En una crisis de esta magnitud, la violencia ha alcanzado directa o indirectamente a prácticamente todos los sectores. La respuesta, por tanto, debe colocar el interés colectivo por encima de cualquier diferencia y convertir la participación ciudadana en uno de los principales soportes de la estrategia de recuperación.
El desafío no es menor. El conflicto entre células delictivas se ha prolongado durante meses con un elevado número de homicidios y desapariciones, mientras la actividad económica y las fuentes de empleo también resienten las consecuencias de la inseguridad. La afectación trasciende las estadísticas: golpea los ingresos familiares, modifica rutinas, limita oportunidades y condiciona las expectativas de niños y jóvenes.
Existen, sin embargo, organizaciones empresariales, colectivos ciudadanos y grupos de familiares de víctimas que durante este periodo han desarrollado propuestas, exigido respuestas y documentado la realidad que enfrenta el estado. Ese capital social puede convertirse en una pieza fundamental para diseñar una estrategia de recuperación, siempre que exista voluntad política, recursos suficientes y un marco jurídico que permita convertir las propuestas en acciones concretas.
La llegada de Domínguez Nava al Gobierno estatal abrió inicialmente una ventana de expectativa. Sectores de la sociedad depositaron en ella la confianza de que podría encabezar una nueva etapa de diálogo, gobernabilidad y reconstrucción institucional. Pero ese respaldo tiene un límite: la ciudadanía necesita resultados y, sobre todo, señales claras de que las decisiones serán tomadas junto con la sociedad y no únicamente desde las oficinas gubernamentales.
La oportunidad es frágil. El enfrentamiento entre grupos delictivos mantiene bajo presión a la población y dificulta cualquier intento de recuperar la normalidad. Mientras tanto, las voces ciudadanas que exigen el cese de la violencia se multiplican y reclaman una respuesta que vaya más allá de los posicionamientos oficiales.
Los últimos acontecimientos muestran que el problema continúa penetrando espacios que deberían permanecer al margen de la violencia. El sábado, una madre buscadora y su hija fueron atacadas en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un día después, durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, pintas, actos vandálicos y la colocación de un arreglo floral fúnebre en el acceso de una institución educativa privada ubicada en el sector Villas del Río generaron temor entre la comunidad escolar.
Ambos hechos ocurrieron en Culiacán y tienen un elemento en común: el impacto intimidatorio sobre sectores de la sociedad que exigen vivir y trabajar en paz.
Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿los grupos criminales están utilizando fechas emblemáticas y actividades sociales para enviar mensajes de intimidación o se trata de coincidencias? La respuesta corresponde a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
Lo que sí resulta evidente es que el margen de maniobra se reduce y el reloj político avanza. La gobernadora tiene frente a sí una oportunidad que no será permanente: transformar la expectativa inicial en una estrategia de Estado que incorpore a la sociedad, establezca objetivos medibles y siente las bases de una recuperación que difícilmente podrá concretarse en un solo sexenio.
El tiempo corre. Y en Sinaloa, cada semana que pasa bajo el peso de la violencia hace más urgente que las autoridades y la sociedad encuentren, juntos, una salida.