La crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024 comienza a reflejarse con mayor fuerza en la economía estatal. De acuerdo con cifras presentadas por Coparmex, durante este periodo más de 5 mil empresas han cerrado sus operaciones y se han perdido alrededor de 27 mil empleos formales.
Coparmex Sinaloa, Mazatlán, Los Mochis y Guasave advirtieron que la entidad enfrenta un escenario que trasciende los indicadores de violencia y que ya tiene consecuencias sobre la actividad empresarial, el empleo y la confianza para invertir.
Según los datos expuestos por el organismo, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 20 de agosto de 2026 se contabilizaron 3 mil 724 homicidios dolosos, 4 mil 303 personas privadas de la libertad y 12 mil 257 vehículos robados.
Estas cifras equivalen, en promedio, a 5.2 homicidios, 6.1 privaciones de la libertad y 17.3 robos de vehículos diariamente durante el periodo señalado.
Sin embargo, para el sector empresarial, el impacto de la inseguridad también se manifiesta en la pérdida de fuentes de trabajo y el cierre de establecimientos. Coparmex estimó que más de 5 mil negocios han dejado de operar y que 27 mil empleos formales se han perdido, afectando directamente a trabajadores, familias y empresarios sinaloenses.
El organismo consideró que la incertidumbre política generada por la nueva licencia solicitada por el Gobernador Rubén Rocha Moya ocurre en un momento particularmente complejo para el estado. Por ello, señaló que la definición de quien ocupará de manera interina la Gubernatura debe considerar el contexto de inseguridad y deterioro económico que enfrenta Sinaloa.
Coparmex planteó que uno de los principales retos de la próxima administración será recuperar las condiciones necesarias para que las empresas puedan operar con seguridad, conservar empleos y atraer nuevas inversiones.
Además del impacto económico, el organismo empresarial señaló que la violencia prolongada también ha provocado un desgaste social que difícilmente puede reflejarse únicamente en cifras. Entre sus consecuencias se encuentra el deterioro de la tranquilidad y el bienestar de una población que ha vivido durante casi dos años bajo un entorno de incertidumbre y temor.
La postura empresarial surge mientras el Congreso del Estado analiza la designación de quien asumirá temporalmente la Gubernatura, luego de aprobar la nueva licencia solicitada por Rocha Moya.
Para Coparmex, quien llegue al Poder Ejecutivo estatal tendrá ante sí una responsabilidad que va más allá de mantener el funcionamiento administrativo. Deberá impulsar acciones que permitan recuperar la seguridad, restablecer la confianza y generar condiciones para reactivar la economía y preservar los empleos.
El organismo hizo un llamado a que las decisiones que se adopten en los próximos días tengan como prioridad recuperar la estabilidad de Sinaloa y atender las consecuencias económicas y sociales que ha dejado la crisis de seguridad.