Derek Maltz, quien se desempeñó como director interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), pidió que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea llevado ante la justicia estadounidense y planteó una operación para detenerlo y trasladarlo a territorio de ese país.
A través de una publicación realizada el 22 de agosto en la red social X, el ex funcionario estadounidense lanzó acusaciones contra políticos a quienes señaló de colaborar con organizaciones criminales. En el mismo mensaje mencionó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quien llamó a participar en una eventual operación para detener al mandatario sinaloense.
“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los cárteles del terror”, escribió Maltz, de acuerdo con la traducción al español de su publicación.
El ex funcionario también habló de la necesidad de realizar una nueva operación de alto nivel para detener y trasladar a Rocha Moya a Estados Unidos, con el objetivo de que enfrentara procesos judiciales en ese país.
El pronunciamiento se produjo un día después de que Rocha Moya retomara sus funciones como Gobernador de Sinaloa, luego de reincorporarse al cargo tras una licencia. El mandatario estatal ha manifestado su intención de permanecer al frente del Ejecutivo hasta el término de su periodo constitucional, previsto para el 31 de octubre de 2027.
Acusaciones de Estados Unidos
La declaración de Maltz ocurre en un contexto de señalamientos realizados previamente por autoridades estadounidenses contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes han relacionado con una presunta estructura de protección política a organizaciones delictivas.
El 28 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a México la entrega de Rocha Moya y de otras nueve personas, a quienes vinculó con una presunta red de narcogobierno en Sinaloa.
Hasta ahora, el mensaje de Maltz no representa por sí mismo una orden de captura ni una solicitud formal de extradición. Al tratarse de las declaraciones de un ex funcionario, cualquier proceso de esa naturaleza tendría que ser promovido mediante los mecanismos jurídicos y diplomáticos correspondientes entre México y Estados Unidos.